Resumen:
La regulación jurídica del arrendamiento estatal en la Ley General de la Vivienda,
fundamentalmente en materia constructiva, ha impuesto a las administraciones de
la aplicación extensiva y arbitraria del régimen establecido para las viviendas
propiedad personal. Las obligaciones del arrendador; en este caso el Estado, se
encuentra ausente en la norma y supuestos de hecho que motivan a los
arrendatarios a accionar con el fin de rehabilitar, ampliar o reponer la vivienda en
la que residen, entre otras posibles acciones, no encuentran solución y cuando así
sucede ello no se ajusta a derecho. La problemática ha constituido punto de
partida para el autor en tanto permite valorar las deficiencias que en el orden
práctico y legal existen en cuanto a tal regulación, para cuyo perfeccionamiento se
requiere de una revisión y pronunciamiento normativo que permita enmarcar todos
los elementos de hecho que pueden impulsar el ejercicio de la acción
administrativa. La siguiente investigación persigue demostrar la necesidad de una
reformulación desde tal perspectiva en la ley sustantiva en materia de vivienda
que contribuirá sin dudas a viabilizar la práctica administrativa para sus
operadores y el reconocimiento justo y legal de los reclamantes arrendatarios ante
tales preceptos. El trabajo se estructura en dos capítulos. En el primero se
presenta el análisis de las consideraciones doctrinales en torno a la regulación del
arrendamiento en Cuba y otros países, que incluye los antecedentes históricos
sobre los que se sustenta tal figura. En el segundo capítulo se detalla la regulación
del arrendamiento estatal en la Ley General de la Vivienda, elementos que
permitieron validar el objetivo propuesto, demostrando la necesidad de su
perfeccionamiento.
