Necesidad de una ley de contratos administrativos en Cuba

Abstract

La tarea ordenamiento significa un reto para el funcionamiento de la administración pública cubana, en especial su aparato de gestión de contratos, ya que sus compras y adquisiciones de servicios, tienen gran preeminencia por la incidencia que tienen sobre su consumo total, por lo tanto su desempeño es clave para la economía y su desarrollo, pero la falta de regulación legal de los contratos administrativos dificultan un adecuado procedimiento de selección del contratista en los contratos administrativos. Objetivo: valorar el estado de las disposiciones que regulan la contratación administrativa, desde una perspectiva constitucional y de las normas de desarrollo promulgadas en el marco de la tarea ordenamiento. Métodos: Histórico-Lógico, Análisis-Síntesis, Sistémico y el Análisis de documentos jurídicos. Resultados: La investigación permitió determinar las falencias y carencias en el marco constitucional y regulatorio patrio implementado en el ámbito de la tarea ordenamiento en relación con la regulación del procedimiento de selección del contratista por parte de la administración pública.

The ordening task poses a challenge to the functioning of the Cuban public administration, especially its contract management apparatus since its purchases and services acquisitions have great preeminence due to the incidence they have on its total consumption. Although this task s performance is key to the economy and its development, there is a lack of legal regulation of administrative contracts, which hinders an adequate selection procedure of the contractor in public contracts. Objective: to assess the status of the provisions regulating public contracting, from a constitucional perspective and of the implementing regulations enacted within the framework of the ordening task. Methods: Historical- Logical, Analysis- Synthesis, Systemic and analysis of legal documents. Results: The research allowed to determine the shortcomings in the national constitucional and regulatory framework implemented in the scope of the ordening task in relation to the regulation of the selection procedure carried out by the contractor by the public administration.